A
propósito del proceso de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con la
guerrilla FARC, se ha vuelto a hablar de una Asamblea Constituyente como conclusión
de los acuerdos que se alcancen en la Mesa.
Si bien la propuesta, no es una condición necesaria para poner fin al
conflicto armado, si parece serlo para consolidar la paz. Es decir, aunque no se acuerde entre las
partes, la propuesta de cambiar la Constitución Política de 1991 si debería ser
debatida y decidida por el pueblo colombiano.
La cuestión es que más allá de poner fin al conflicto armado, paso por demás
importante, el pueblo colombiano requiere la adopción de reformas estructurales
que garanticen mayores niveles de inclusión política, económica y social en uno
de los países más desiguales de la región.
Es el tránsito que hicieron a nivel normativo, otros países como Ecuador (2008) y Bolivia
(2009), finalizando la primera década del siglo XXI, cuyos avances merecen ser
tenidos en cuenta al momento de abordar para nuestro país un debate sobre la
necesidad de un proceso constituyente.
Los procesos constituyentes
de Ecuador y Bolivia, evidencian un cambio en la concepción de las
Constituciones Políticas al proponer nuevas interpretaciones y alcances de lo
normativo, y en esa medida reflejan consagraciones que plantearían un nuevo paradigma de Estado constitucional,
en contraposición al paradigma clásico occidental europeo, al incorporar una
nueva concepción del Estado, de los derechos humanos y los sujetos
beneficiarios de los mismos.